Bolivia convulsionada
Protestas masivas piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira
Buenas. Aquí Biole Weber. Hoy vamos a hablar de Bolivia, un país que enfrenta una crisis política profunda. Movilizaciones y bloqueos en las principales rutas del país amenazan la continuidad del mandato presidencial.
Del pedido de renuncia
El pueblo boliviano protagoniza una ola de protestas y un paro general indefinido contra el gobierno. Piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira a seis meses de su asunción. Desde hace 20 días, maestros, estudiantes, transportistas, sindicatos, mineros, indígenas y campesinos bloquean las principales ciudades como La Paz y El Alto, con cortes de rutas y protestas masivas. Los manifestantes rechazan el modelo económico liberal del presidente, a quien acusan de desconocer la tradición y la cultura del país.
Para intentar controlar las protestas, el gobierno desplegó 3500 policías y militares en las calles y ordenó la represión. Desde el comienzo de las protestas, murieron cuatro personas en el marco de los operativos policiales en las zonas de bloqueo en El Alto. Según medios bolivianos como Mullu y El Emergente, las víctimas serían comunarios aymaras y la autoridad aymara Malku, en la provincia Ingavi.
Mientras tanto, Paz Pereira anuncia la reorganización del gabinete e intenta negociar acuerdos con los diferentes sectores involucrados para las movilizaciones señaladas como golpistas. Y aunque logró algunos acuerdos parciales, las movilizaciones continúan y se intensifican. Paz Pereira sabe que su gobierno corre peligro.
Los Ponchos Rojos, una milicia indígena aymara, agita el conflicto con el gobierno y circula videos en los que se los ve preparándose para un potencial conflicto armado en la capital. La tradición histórica de lucha que encarnan se remonta a su comunidades, donde tuvieron que ocupar roles de liderazgo y servicio antes de ser concedidos con “el honor” de llevar el poncho rojo.
De la ley de tierras
El detonante de las protestas fue la aprobación de la Ley 1720, la ley de tierras, que solo estuvo vigente durante 35 días. La ley habilitaba la reclasificación de tierras, lo que permitía que pequeñas propiedades rurales sean consideradas como activos comerciales y bienes embargables. Las comunidades señalaban que la medida amenaza la seguridad jurídica de tierras que son de propiedad comunal y comunitaria, o de pequeños productores.
Para oponerse a la medida, organizaciones indígenas y campesinas marcharon desde la región de Pando, en el norte del país, hasta La Paz, durante 27 días. Al llegar, hicieron una vigilia de 10 días en pedido por la derogación de la ley. Y lo lograron: El gobierno derogó la medida.
Pero las movilizaciones siguieron porque, tanto los grupos indígenas, como los demás sectores involucrados en las protestas, rechazan también el aumento del costo de vida, la inflación, la escacez de combustible, el avance del extractivismo petrolero y el alineamiento del gobierno de Paz Pereira con Estados Unidos. La ley de tierras tocó una fibra sensible porque avanzaba sobre los territorios indígenas y campesinos. El sillón presidencial del Estado plurinacional hoy es ocupado por un gobierno que parece desconocer las complejidades y las luchas de los pueblos que hacen a Bolivia. Lo que genera una profunda angustia para gran parte de la población.
Cabe acotar que el movimiento indígena y campesino boliviano no puede verse como un grupo homogéneo. La Confederación de Pueblos Indígena y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, cuyas cabezas son más cercanas al poder estatal, negociaron con el gobierno en una mesa de espaldas a las organizaciones más pequeñas que sostuvieron la vigilia.
Aún considerando las complejidades del entramado social, que nunca ha sido homogéneo, es innegable que el pueblo boliviano tiene un historial de luchas sociales que tuvieron resultados concretos en la conquista de derechos. La periodista peruana Laura Arroyo repasa algunas:
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De la colaboración argentina
Javier Milei, muy amigo de sus amigos neoliberales, envió aviones hércules a Bolivia “para tareas de asistencia humanitaria”. Según los presidentes, las protestas son responsables por el desabastecimiento de alimentos y combustible de las ciudades. Es decir, desconocen la responsabilidad del gobierno en la crisis económica que los manifestantes denunciaban en primer lugar.
Pero ayer, el expresidente Evo Morales, hizo una gira de medios telefónica para denunciar en la prensa argentina que los aviones enviados por el gobierno de Milei trasladaban gas lacrimógeno y balines. También denunció que se utilizaron para trasladar militares del resto del país a la capital. Morales sostiene que Bolivia hoy no tiene grandes desastres humanitarios para los que necesite asistencia (como podría ser una catástrofe ambiental), sino que la fachada humanitaria se utiliza como una excusa para justificar el apoyo logístico para la represión. Que además desconoce la situación de crisis económica producida por la receta liberal del gobierno.
Estas denuncias despiertan grandes alarmas en Argentina, porque existe un antecedente clave: En 2019 el gobierno de Mauricio Macri envió armas a Bolivia -sin autorización del Congreso- para apoyar el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, quien entonces era presidente.
Luego de las denuncias, el canciller argentino Pablo Quirno desmintió que hayan enviado municiones o los aviones por otro motivo además del humanitario. Quirno dijo que se trata de una campaña de desinformación y desestabilización por parte de la oposición al gobierno y sostuvo que utilizaron los aviones para trasladar alimentos. Y sigue:
“Los vuelos Hércules fueron pedidos la semana pasada por el gobierno boliviano a la Argentina justamente para brindarles la oportunidad de abastecer a La Paz, que está siendo afectada por los cortes de estos opositores que están tratando de debilitar a la gestión que encabeza Rodrigo Paz”
Argentina no es el único país que expresó solidaridad con el presidente Paz Pereira bajo la premisa de que las manifestaciones son desestabilizantes y golpistas. El viernes ocho países aliados del gobierno boliviano firmaron una declaración conjunta en apoyo al presidente: Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, además de Argentina. Estados Unidos e Israel también expresaron solidaridad con el presidente boliviano.
Una apostilla: Paralelamente al conflicto en las calles, la justicia boliviana avanza en un juicio contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata y tráfico de personas. La justicia ordenó su detención y declararon juicio en rebeldía por la falta de colaboración del exmandatario con la justicia.
De la decepción política
En las últimas elecciones, Paz Pereira no era el candidato más a la derecha del tablero, ya que reivindicaba algunas políticas sociales y planteaba la idea de un “Capitalismo para todos”. Prometía diálogo y reconstrucción nacional. Quería ser una alternativa al socialismo del gobierno anterior y a la extrema derecha de Jorge Quiroga, a quien venció en el balotage del año pasado. En pocas palanbras, quería ser un moderado.
Pero cuando asumió, Paz Pereira encaró su gobierno bajo el lema “Dios, patria y familia”. En un país con tan inmensa tradición de lucha, cabe la pregunta por si el triunfo electoral implica además un apoyo de la sociedad plurinacional. La diferencia entre el polo industrial de Santa Cruz (motor económico del país) y los enormes frentes indígenas y campesinos, ponen en jaque la capacidad de cualquier gobernante de malabarear las demandas de todos. Quien asuma el poder, debe tener la muñeca política para lograr un equilibrio de poder. Esta crisis política parece ser el resultado del intento frustrado de Rodrigo Paz Pereira.
La ley de tierras fue un punto nodal: Quienes la defendieron, argumentaban que la ley era una herramienta al servicio de los propietarios rurales, para que puedan capitalizarla y así tener mayor acceso al crédito. Pero los propietarios rurales de esas tierras la ven como una trampa, ya que su capitalización también puede convertirlas en desalojables. El avance de los campesinos y las comunidades indígenas sobre el control de sus tierras es una lucha que deben a sus antecesores y que representa una parte fundamental de su identidad, además de la principal fuente de supervivencia. Ahora, los pueblos indígenas desconfían de que el gobierno nacional pueda entender el significado y la historia de lucha detrás de los alambrados.
Por eso, las demandas exceden la ley y continúan luego de su derogación. Porque los cuestionamientos ahora son ideológicos y casi ontológicos: ya no solo piden la protección de sus tierras y mejoras en la economía por el aumento del costo de vida y la inflación. Sino también piden el cese del extractivismo voraz, la descentralización de la salud y la educación, la consulta previa para las comunidades afectadas en sus políticas y la protección de los derechos humanos. Ya no confían en el presidente del ‘Dios, patria y familia’: Primero debe entender qué dios, qué patria y qué familia existe en el Estado Plurinacional de Bolivia.
La receta de Paz Pereira es la neoliberal: privatizaciones, apertura económica, menos control de precios, facilidades para la importación y para el capital extranjero. Todo esto se suma a recortes laborales, profundización del extractivismo y eliminación de impuestos a los mas ricos. Por eso, incluso a tan pocos meses de su asunción, se levantan con todo lo que tienen contra el gobierno.
Los periodistas bolivianos que cubren las noticias en medios nacionales e internacionales, invitan a los pueblos de la América Latina, azotados por gobiernos de derecha, a unirse en la lucha colectiva. ¿La justificación? No hay que aguantar tanto neoliberalismo y destrucción. Toc toc. Suena la puerta en Argentina.
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Nos leemos el próximo miércoles, como siempre, en Mate.
Biole.
Solamente una corrección desde la absoluta humildad, Laura es peruana. Gracias matemundi por existir <3
A donde nos lleva esto en la region Viole? Es capaz de cristalizar algo esto?