Hasta acá llegaste Cortizo
Siguen las movilizaciones en Panamá en contra del avance indiscriminado de la minería y en reclamo por mejores condiciones de vida.
Saludar. Aquí Viole Weber. Esta semana vamos con un tema picante que tenía pendiente: las manifestaciones en Panamá en contra del avance de la minería a cielo abierto en manos de empresas transnacionales. En un contexto de disconformidad política, la concesión minera es la gota que rebalsó el vaso. Pero un vaso que ya estaba bastante lleno. Veamos qué pasa en Panamá.
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Basta chicos
En Panamá continúan las protestas, huelgas y cortes de ruta en contra de las concesiones mineras articulado por gremios y movimientos sociales y ambientalistas. Pero la cuestión minera es solo la punta del iceberg. La policía reprime las manifestaciones, donde fallecieron 4 personas en el marco de un clima de violencia generalizado. Hay más de 900 personas arrestadas por manifestarse.
¿Cómo empezó todo?
La polémica empezó por el acuerdo entre el Estado panameño y la empresa minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) para la explotación de cobre en Cerro Quema por 20 años prorrogables. Allí se encuentra la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Luego de semanas de manifestaciones, el Estado anunció una moratoria que pone pausa a las concesiones mineras en el territorio, pero los manifestantes solicitan que se de un paso más y se derogue la Ley 406. Además, piden que se la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de la concesión a FQM, argumentada en las 6 denuncias presentadas a la justicia por al falta de licitación e informes de impacto ambiental.
Sin embargo, el malestar social no responde únicamente a la cuestión minera. Los manifestantes reclaman respuestas del gobierno por escándalos de corrupción y malversación de fondos y piden mejores condiciones de vida. Además, expresan la falta de representatividad política, algo que se ve reflejado en el hecho de que no son los partidos políticos los que encarnan esta lucha. Tampoco se identifiquen liderazgos visibles, aún cuando el próximo año hay elecciones presidenciales en Panamá y el descontento con el presidente actual es evidente.
La incapacidad del sistema político de canalizar las demandas e identidades del pueblo parece reproducir una crisis de representatividad similar a las que atravesaron otros países de la región en los últimos años. Pienso en el caso de Perú.
La ley y la moratoria
La moratoria, anunciada por el gobierno esta semana, implica el congelamiento de las 103 solicitudes de minería en trámite y pendientes de renovación. Es decir, no cancela las concesiones pero si su ejecución.
Pero aunque pareciera dar lugar a los reclamos de los manifestantes, al menos en este tema, la ciudadanía no confía en que efectivamente se cumpla. Más información al respecto en este posteo del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
Les recomiendo chusmear, además, otros posteos en esta cuenta con más información clara sobre este proceso político en su país de primera mano.
Esta moratoria pone pausa a la Ley 406, aprobada de manera exprés el pasado 20 de octubre, que materializa el acuerdo entre el gobierno panameño y la minera canadiense FQM, sin participación ciudadana. Los manifestantes piden su derogación porque consideran que este acuerdo repite los errores del pasado. Es decir, el avance de proyectos mineros a costa de enormes impactos ambientales y sin consentimiento de la población.
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Una fibra sensible: la soberanía
Una de las principales preocupaciones de los panameños sobre este asunto tiene que ver con la pérdida de soberanía. Esto se debe a la memoria dolorosa de lo sucedido con el Canal de Panamá, que fue controlado durante años por Estados Unidos, para quien funcionó como un enclave en Centroamérica.
La concesión sobre la mayor mina a cielo abierto de su país, para que la minera se lleve el cobre crudo y administre el territorio y los recursos a gusto y piacere -incluida el agua del territorio-, implica efectivamente una pérdida de soberanía para el pueblo sobre los recursos. Una mina que hasta ahora había sido explotada por empresas nacionales. Con este acuerdo, los panameños se quedan sin el cobre ni la posibilidad de decidir sobre sus recursos. Pero claro, los impactos ambientales se quedan.
La respuesta del presidente Cortizo
El gobierno sostiene el clásico discurso de defensa del extractivismo: que genera puestos de trabajo y divisas. Sin embargo, no hace alusión a los pasivos ambientales ni a las posibilidades de negociar un acuerdo más soberano para su país.
Sin embargo, sabe que no puede gobernar tranquilo mientras continúen las protestas. Por eso, para intentar calmar el clima de tensión, el presidente Nito Cortizo propuso hacer una consulta popular. Un plebiscito que se realizaría el próximo 17 de diciembre para que el pueblo decida sobre la explotación del mineral en estas condiciones. Sin embargo, en la calle rechazaron esta propuesta que además, fue cuestionada por el Tribunal Electoral de Panamá que sostuvo que no hay condiciones para organizar esta consulta popular porque los esfuerzos y recursos están actualmente concentrados en los comicios presidenciales del próximo año.
Impactos ambientales
Partimos de la base de que las minas a cielo abierto implican peores impactos ambientales que las demás. Además, en este caso está ubicada sobre el corredor mesoamericano, que se supone que es una zona protegida. Los movimientos ambientalistas explican que la actividad minera amenaza la vegetación, la calidad del agua y del aire. Y destacan que los ecosistemas de su país están hiperconectados por lo que esta industria empeora la calidad de vida en el plano general
En este marco, las protestas se mantienen y reproducen porque la ciudadanía ve un agotamiento de un modelo económico basado en el extractivismo. En cambio, proponen aumentar el desarrollo de otras actividades como el turismo y la exportación de café para reemplazar el 5% del PBI que implican los ingresos correspondientes a la minería de cobre.
Un clima de violencia
Desde el comienzo de las manifestaciones, la policía reprime con gases lacrimógenos y amedrenta las manifestaciones pacíficas. Hasta ahora se registraron cuatro muertos en manos de civiles en el marco de las protestas. Dos manifestantes fueron asesinados por atropellos en los cortes de rutas y otros dos en manos de un ciudadano que irrumpió en la protesta armado y disparó a dos manifestantes que fallecieron.
Y acá me permito un paréntesis que me resulta ineludible: Este tipo de episodios son justamente los que vuelven más vigente que nunca las razones por las que la libre portación de armas, un tema reinsertado en la agenda argentina con la irrupción de Javier Milei en la carrera electoral, no es indistinta para la vida cotidiana. Hay libertades que son ficticias, porque el derecho de uno termina cuando empieza el derecho del otro. Y qué peligro otorgar “la libertad de matar”, de acabar con la vida -y la libertad- de otro/s. Aún más en un contexto de crecimiento de discursos de odio y violencia política y cotidiana.
Luego de estos hechos, la Defensoría del Pueblo de Panamá emitió un comunicado en el que condena los asesinatos y la violencia en las manifestaciones. También recuerda el deber constitucional del Estado de proteger a los ciudadanos y sus derechos. Por último, remarca la necesidad de respetar el derecho a la protesta social pacífica como un instrumento de expresión colectiva e instan a recuperar espacios de dialogo para restaurar el clima de paz.
Por último te dejo este reel en colaboración con Mijael Kaufman, quien nos contó más detalles de la situación desde Panamá. Estense atentos a nuestras redes.
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Viole.
Muy bueno Viole !!! Es muy interesante y de gran impacto a mi entender en el imaginario colectivo, el asociar la minería / explotación de recursos naturales con la pérdida de soberanía y el caso del canal ... a mis ojos ... MÁS claro echale agua !!!!!